Que un Gobierno anuncie una ley de medios de comunicación con el objetivo de adaptar el reglamento español a la Ley Europea sobre la Libertad de Medios de Comunicación, es algo lógico y, además, obligatorio. La nueva normativa que se aprobó por el Parlamento Europeo obliga a los Estados miembros a proteger a los medios de comunicación y a los periodistas en el ejercicio de su profesión. También, obliga a los medios de comunicación a ser transparentes sobre su propiedad, en su financiación y con su publicidad. Perfecto.
Sin embargo, cuando ese mismo Gobierno se compromete a que su ley acabará con el “fango informativo”, los bulos, las desinformaciones y señala a los medios digitales, entre otros, como culpables, en lo que ha llamado Plan de Acción por la Democracia, y advierte que intervendrá definiendo quiénes sí y quiénes no son medios de comunicación y que colocará un observador independiente para señalar la desinformación, uno se pregunta, sinceramente, si no se está poniendo a un lobo a pastorear a las ovejas.
Desde la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante aprobamos cualquier impulso e iniciativa que vaya en pro de la dignidad de la profesión y del mejor ejercicio del periodismo, pero estaremos vigilantes a que esta ley no acabe siendo una censura contra la libertad de prensa y contra la libertad de expresión.
