“Lo paras o lo pasas”, actúa ante la difusión de contenidos sexuales y violentos

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¿Alguien ha publicado vídeos o audios de contenido sexual o violento en los que apareces sin tu consentimiento?

#PuedesPararlo con el #CanalPrioritario

¿Qué es el #Canal Prioritario?

El #CanalPrioritario de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es una herramienta gratuita diseñada para la retirada del contenido sexual y violento que se haya obtenido y distribuido sin consentimiento a través de Internet y las redes sociales. Se trata de un instrumento especialmente dirigido a detener la difusión masiva de este tipo de contenidos en la red contra menores o mujeres, aunque también para otras situaciones de violencia digital de todo tipo.

Es una iniciativa pionera a nivel mundial con la que la AEPD quiere reforzar los derechos en el entorno digital y concienciar a la sociedad que junto a un derecho puede existir también una obligación. Es una acción en la que todos estamos implicados: la ciudadanía y las organizaciones. Para que todos seamos conscientes de las consecuencias que suponen en la vida de la persona afectada la difusión de contenidos especialmente sensibles, como también las responsabilidades (civiles, penales, administrativas y, en su caso, educativas y laborales) en que pueden incurrir aquellos que los difunden.

Ante la gravedad de estas situaciones de acoso a través de Internet y las redes sociales (de fotografías, vídeos o audios de contenido sexual o violento difundidos en internet sin el consentimiento de las personas afectadas) el Canal Prioritario pretende ofrecer una respuesta de actuación rápida en situaciones especialmente delicadas, como las enumeradas anteriormente, de contenido sexual o violento. El Canal Prioritario se convierte en una vía para atender las reclamaciones de forma preferente. Como autoridad independiente, la AEPD podrá establecer, en caso de ser necesario, medidas urgentes para limitar la difusión y el acceso a los datos personales.

Además, esta denuncia es independiente de las que puedan plantearse ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Fiscalía.

En el caso de los menores de 18 años, la AEPD también ha habilitado una forma de contacto para denunciar la difusión de este tipo de contenidos.

Cómo presentar una reclamación en el Canal Prioritario

Las personas que quieran tramitar una reclamación podrán hacerlo en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos. Allí deberán exponer las circunstancias en que se han difundido las imágenes sin su consentimiento. Además, deberán indicar si la persona afectada es superviviente a la violencia de género, abuso o agresión sexual o acoso. Otros datos que deben especificar es la pertenencia a un colectivo especialmente vulnerable como el de los menores de edad, personas discriminadas por su orientación sexual o raza, personas con discapacidad o enfermedad grave o en riesgo de exclusión social. Por último, es necesario indicar la dirección o direcciones web en las que se ha publicado el mencionado contenido.

Medidas cautelares del Canal Prioritario

Una vez tramitada la reclamación, la Agencia Española de Protección de Datos evaluará la posible adopción de medidas cautelares. La ley española de protección de datos contempla medidas en este sentido para frenar el tratamiento ilegítimo de datos personales en situaciones especialmente graves. Igualmente, la AEPD determinará la posible apertura de un expediente sancionador contra el usuario o los usuarios responsables de la difusión del mencionado contenido. En estos casos, esas personas pueden llegar a tener no solo responsabilidad administrativa, sino también disciplinaria, civil y penal.

Instrumentos de colaboración

Por último, cabe señalar que el Canal Prioritario se apoya en seis instrumentos de colaboración suscritos entre la Agencia Española de Protección de Datos y varios ministerios y organismos. En concreto, estos acuerdos se han firmado con el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; el Ministerio del Interior; el Ministerio de Educación y Formación Profesional; el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; la Fiscalía General del Estado y, por último, con el Consejo General de la Abogacía.

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