Nuestro compañero, el fotógrafo Ernesto Caparrós fue sancionado sin motivo por desobediencia a un agente de la autoridad tras realizar fotografías a la Policía Local cuando multaban a una veintena de vehículos estacionados junto al Pabellón Municipal durante un acto deportivo, sanciones que después retiraron. El Ayuntamiento, entonces gobernado por el popular Salvador Poveda desestimó sistemáticamente todas las alegaciones presentadas.
El diario El Mundo donde Caparrós ejercía su profesión, publicó los hechos y presentó alegaciones a la sanción, pero tras despedirle incluyéndole en un ERE de extinción no quiso continuar con la defensa del asunto, y fue Ernesto Caparrós quien a título particular y con sus propios medios, recurrió ante el contencioso-administrativo, que ahora le da la razón.
Así lo sentencia la juez del nº 3 de Alicante, donde en los fundamentos de derecho dice expresamente “…ausencia de suficiente motivación en los términos expuestos, llamando poderosamente la atención el que insistiendo el recurrente en todos y cada uno de los escritos de alegaciones formulados durante la tramitación del expediente sancionador en la inexistencia de desobediencia a los agentes sobre el hecho de encontrarse realizando su trabajo como periodista, suponiendo la imposición de sanción la vulneración del derecho constitucional a la libertad de información”.
En consecuencia, además de otras consideraciones, resuelve “estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ernesto José Caparrós Verdú en impugnación del Decreto nº 1245/2012 de 9 de agosto de 2012 que confirma la sanción impuesta al recurrente, acto administrativo que se anula y deja sin efecto por no ser ajustado a derecho, con expresa imposición de costas a la administración demandada”.
